La aplicación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación a las Administraciones Públicas, tanto en la prestación de servicios al ciudadano como a la mejora de su gestión interna, aporta enormes ventajas, como la reducción de costes, mayores facilidades en el acceso, almacenamiento y procesamiento de la información y una mayor rapidez y eficiencia en el servicio. Asimismo, permiten ofrecer nuevos servicios, en cualquier momento y desde cualquier lugar.
El desarrollo e implementación de estos mecanismos requiere, no sólo una ampliación del equipamiento, infraestructuras y comunicaciones existentes, sino también que se garantice el respeto de los derechos de los administrados y el cumplimiento de las normas y procedimientos aplicables en cada caso, por lo que es necesario asesorarse previamente y durante el proceso de implantación de dichas aplicaciones, en aspectos como la emisión y custodia de documentos en soporte electrónico, la autenticidad, integridad, confidencialidad y no repudio de las comunicaciones electrónicas, la protección de datos de las personas físicas (integración y registro de ficheros, gestión y cesión de datos, medidas de seguridad informática,…), la neutralidad en el uso de aplicaciones informáticas o la utilización y riesgos derivados del uso de herramientas informáticas, correo electrónico o navegación por Internet.