La firma electrónica constituye un mecanismo técnicamente seguro y fiable tanto para la acreditación del consentimiento prestado a través de medios electrónicos (Internet o correo electrónico), como para proteger la confidencialidad de las telecomunicaciones, ya que permite garantizar su autenticidad e integridad, el cifrado de la información que se transmite y el no repudio de las comunicaciones.
Su implantación en una empresa puede tener algunas trabas iniciales, por lo que es preciso un asesoramiento para lograr su integración con los sistemas y organización de la empresa, así como un asesoramiento jurídico acerca de la responsabilidad, aplicación y uso de los certificados electrónicos.
En este sentido, la firma electrónica obliga a considerar los siguientes aspectos:
- Concepto de documento electrónico,
- Efectos jurídicos y validez como prueba en juicio,
- Apoderamientos (certificados con atributos),
- Reconocimiento de certificados emitidos por otros proveedores,
- Suspensión, revocación y cancelación de certificados,
- Firma electrónica de personas jurídicas,
- Políticas y Prácticas de Certificación,
- Régimen de responsabilidad de las Autoridades de Certificación y de las Autoridades de Registro,
- Infraestructura de clave pública y demás aspectos técnicos.