Rebuscando en la Memoria de la Fiscalía General del Estado de 2006, que tanto comentan los medios de comunicación estos días, también se pueden encontrar deficiencias.
En relación con la aplicación informática en materia penal, los Inspectores Fiscales realizan un seguimiento especial a fin de comprobar su grado de utilización y rendimiento, pudiendo afirmar que tanto uno como otro son muy variables de unas Fiscalías a otras y, en todo caso, insuficientes. Como ejemplos más significativos de las carencias detectadas en su utilización podríamos citar los siguientes: en algunos casos no es posible obtener listados de presos preventivos o no se hallan debidamente actualizados; en otros no es posible obtener una relación genérica de los asuntos debiéndose acudir a la búsqueda individual de cada procedimiento; con frecuencia no pueden obtenerse listados de causas dictaminadas y pendientes de señalamiento de los juzgados ni pendientes de calificación. Ello indica que si bien en ciertos casos la aplicación puede ofrecer algún desajuste que debería ser corregido –como por ejemplo el que permite que por meros errores de anotación en las cifras numéricas indicativas de los procedimientos al añadírseles algún dígito más de los correctos la consulta al número de procedimiento de un determinado juzgado puede elevarse a cifras millonarias–, en la inmensa mayoría de los supuestos detectados las aparentes deficiencias son debidas a una falta de conocimiento o interés suficiente por parte de los funcionarios que manejan la aplicación.
La consecuencia que de ello hemos de extraer de aquí es la necesidad imperiosa ya trasladada a la Unidad de Apoyo y al Ministerio de Justicia de una continuidad formativa en el ámbito de las Secretarías de todas las Fiscalías sobre la aplicación del sistema que se debería completar con la dotación en cada una de aquellas de una plaza específica para la atención de las necesidades informáticas de las Fiscalías, tanto para resolver los pequeños y cotidianos problemas generados por el hardware instalado en aquellas como los derivados de la utilización del software, centrado en las aplicaciones específicas de la Fiscalía.
Sorprende la carencia de medios en algo tan delicado. Una vez más, la situación de la Administración contrasta con lo que se exige en esta materia a las empresas.
Veremos qué nos trae a final de año el Plan de Actuaciones para cumplir la Ley de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, que nuevamente señalará plazos y un calendario de adaptación, y si la transformación será también interna, no en lo que vé el ciudadano.
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