Ya hace casi una semana que volví de las Jornadas de Debate Cara a unha Industria Musical Galega, organizadas por el IGAEM los días 10 y 11 de abril en Santiago de Compostela. Participé en una mesa redonda junto a Ignacio Garrote y Rafael Sánchez Aristi, profesores titulares de Derecho Civil de la Universidad Autónoma de Madrid y de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, respectivamente, bajo la moderación de Xabier Alonso, abogado y gerente de la productora Nordesía, quien supo crear un ambiente de diálogo muy activo y agradable (con sofá incluido).
Comenzó Ignacio Garrote hablando de las transformaciones del Derecho de Autor en la sociedad digital para introducir la descarga y compartición sin autorización de obras de propiedad intelectual por redes P2P, actividades claramente contrarias a la ley. Comentó los sistemas DRM, con los que no estaba de acuerdo en la medida en que imponen más restricciones al formato digital que los que venían existiendo hasta la fecha, lo que no es precisamente un avance, y propuso el desarrollo de plataformas P2P de pago por parte de la industria, ofreciendo un contenido de mayor calidad y en mejores condiciones.
Personalmente no veo ahí una solución ya que creo que el momento de hacerlo ha pasado y dudo mucho que a estas alturas los usuarios vayan a pagar por algo que ya consiguen gratis, cuando no son conscientes de la ilicitud de este intercambio de archivos o si lo son les da exactamente lo mismo (los argumentos de la libre circulación de la cultura me parecen un insulto a la inteligencia). Quizá el mensaje que dí fue demasiado pesimista para un público formado por artistas, productores y editores, pero mi opinión es que los intermediarios que no aporten valor van a caer y que ha llegado la hora de apretarse el cinturón. Claro que eso ya lo sabían.
Rafael Sánchez Aristi hablo de copyleft y de las licencias Creative Commons, a las que reconoce un carácter contractual (contrariamente a lo que se sostiene oficialmente dentro del grupo español de CC), cuya aceptación se produciría tácitamente. Las considera válidas y, aunque no voy a entrar otra vez en este debate, protesté. Sí estuvimos de acuerdo los tres en las dificultades de prueba y las débiles garantías para quien de buena fe utiliza los contenidos cedidos, tanto de CC como de Coloriuris, sistema del que hablé yo, y que estos mecanismos tienen sus inconvenientes y no sirven para todo el mundo. Piensen, por ejemplo, que el cedente sólo tiene acción directa contra el cesionario, de modo que si se permite las cesiones en cadena se pierde el control y no se podrá dirigir, en caso de incumplimiento, contra el verdadero infractor.
Y como es demasiado fácil criticar sin proponer una solución, hablé por primera vez en público de un sistema de cesión de derechos sobre contenidos digitales en el que estamos trabajando, pero sobre esto ya volveré en otro momento y explicaré los detalles.
Para mí lo mejor fue que conocí de cerca el punto de vista de artistas, empresarios y representantes de organizaciones (UFI o APECAT) que viven de y para la música, y cuya situación y necesidades no tiene mucho que ver con las que tienen los grandes.
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