La contratación pública se intentó armonizar a nivel europeo por primera vez a principios de los años 70. Ya en ese momento se vió la necesidad de dejar fuera determinados sectores dada la naturaleza heterogénea (pública o privada) de las entidades que operaban en los mismos, y así el agua, la energía, los transportes y las telecomunicaciones quedaron en ese momento al margen y vinieron a llamarse los «sectores excluidos» o «sectores especiales».
No fué hasta 1990 cuando se empezaron a regular los procedimientos de adjudicación de los contratos de obras y suministro de dichos sectores, incluyéndose en 1993 los relativos a los servicios. El bloque comunitario que regula esta materia se contiene finalmente en la Directiva 93/38/CEE, modificada por la 98/4/CEE, así como en la 2001/78/CE, que vienen a establecer un régimen de contratación mucho más flexible que el establecido para las Administraciones Públicas en general. En España, las dos primeras directivas fueron transpuestas a nuestro ordenamiento por la Ley 48/1998, de 30 de diciembre, que tampoco se aplica en cualquier caso ya que establece importantes exclusiones según la entidad contratante, el tipo de contrato y su cuantía. Esta normativa lo que pretende es una mayor liberalización de sectores tradicionalmente poco competitivos y en gran medida controlados por las autoridades nacionales, dejando por tanto un amplio margen de maniobra a entidades como RENFE, Canal de Isabel II, FGC, ENATCAR, AENA o, en su día, Telefónica.
Esto no iba a durar siempre. El Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes un proyecto de ley que excluye el sector de las telecomunicaciones de dicha regulación privilegiada por considerarlo plenamente liberalizado y abierto a la competencia (la última oferta de acceso al bucle de abonado de Telefónica (pdf), con una rebaja considerable, es de hace cuatro días), incorporándose los servicios postales. Claro que ahora que Telefónica y Retevisión son privadas (la última es una filial de Abertis) tampoco es que tenga esto mucha trascendencia, pero seguro que a Red.es no le hace demasiada gracia.
[…] en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales. Según comenté en su momento, la principal consecuencia de dicha norma es que se elimina del régimen privilegiado de la […]