La Comisión Europea anunciaba hace pocos días la publicación de tres estudios que se encargaron a expertos independientes con el objetivo de conocer otros puntos de vista sobre la regulación actual de las comunicaciones electrónicas y fomentar el debate sobre el futuro marco regulador.
En primero de ellos, An assessment of the regulatory framework for electronic communications: growth and investment in the EU e-Communications sector (pdf), parece uno de esos estudios que se encargan para reafirmarse y ponerse una medalla. Al final lo que viene a decir es que, aun teniendo cierta importancia la regulación en el crecimiento de la inversión en este sector, los factores relevantes han sido las nuevas oportunidades que han surgido del propio mercado (condiciones económicas y cambios tecnológicos). Lo que sí ha supuesto claramente es una reducción en los precios de estos servicios, como consecuencia lógica de la entrada de nuevos operadores. España es el país de la Unión Europea en el que esto tuvo mayor impacto, reduciéndose en un 50% los de telefonía fija.
El realizado por la firma de abogados Hogan & Hartson y la consultora Analysys, Preparing the Next Steps in Regulation of Electronic Communications – A contribution to the review of the electronic communications regulatory framework (pdf), me ha parecido más interesante ya que realmente aborda la cuestión desde una perspectiva jurídica. Para un enfoque económico echen un vistazo al último informe.
Uno de los aspectos en los que se centra el estudio es la Voz sobre IP, que sin perjuicio de que necesita una mayor interoperabilidad entre las plataformas, ya es una amenaza para la telefonía fija. En Francia, por ejemplo, se calcula que para finales de 2006, el 40 % del tráfico de voz será por IP. La principal crítica a la VoIP se relaciona con la protección de los consumidores, en concreto porque no permite el acceso a servicios de emergencia ni la identificación de la llamada en estos casos, pero también presenta dificultades la asignación y portabilidad de la numeración.
La posición de la Comisión es tímida, dejando a los Estados un amplio margen de regulación, lo que se traduce en una situación desigual a nivel europeo. En algunos países (Reino Unido, Hungría, Finlandia y Portugal) no se contempla dentro del mercado relevante, en otros (Austria, Irlanda y España) se excluyen expresamente estos servicios con el pretexto de que se encuentran en una fase embionaria de desarrollo. Por otra parte, Alemania y Suecia consideran tanto la VoIP gestionada (la ofrecida por los proveedores de acceso de banda ancha) como la VoIP independiente (la que ofrecen proveedores indepentendientes como Telio, Vonage o SkypeOut) como sustituto de la telefonía tradicional, mientras que Francia y Holanda sólo incluyen la VoIP independiente.
La recomendación general en este punto es que se afronte el tema de la VoIP de una vez por todas ya que es necesario para su desarrollo una definición de ésta y una armonización a nivel europeo, en definitiva lo que ya venía a decir el informe IP Voice and Associated Convergent Services (pdf), realizado asimismo por Analysis en enero de 2004.
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