Abogados de cabecera

El último grito en cuanto a servicios legales que he conocido es Lo más legal (adoptación de The Legal Shop). El planteamiento aparentemente es original: Ud. se pasa por aquí y le resolvemos la duda cómodamente, sin concertar cita, a cambio de una tarifa prefijada.

Tener que esperar es algo que fastidia bastante, así que si realmente lo cumplen (y el cliente se va con el asunto resuelto, que no se trata sólo de recibir) me parece un logro. En principio es posible ya que se trata de consultas bastante corrientes.

La otra seña de identidad es el precio: 25 euros los primeros quince minutos, y 20 euros a partir de cada fracción adicional de 10 minutos. Por tanto, la hora viene a salir por unos 115 euros, IVA incluído. No me parece ningún chollo, primero porque la mayor parte de los abogados que conozco no cobra esa cantidad a la hora (la profesión ya no es lo que era, ya me lo advirtió mi madre), y luego porque generalmente ese precio no refleja completamente lo que cuesta el servicio.

Supongamos que hay que redactar un contrato. El cliente se reúne con el abogado, le cuenta el asunto, para qué lo quiere, el abogado hace preguntas y le pide datos. Luego, en el despacho, el abogado elabora el contrato y se lo envía al cliente.

Un abogado, digamos corriente y moliente, cobraría el contrato pero no la visita. El motivo es el siguiente: a mí me contratan para hacer un documento, un papel, un resultado. Para eso necesito, obviamente, hablar con el cliente, que me cuente, pero eso no lo cobro, forma parte del lote. Recabar información es algo necesario y previo, pero entiendo que no se debe cobrar. Más claro está cuando se lleva un pleito. La consulta que hace el cliente que te trae un caso tampoco se cobra porque ya se cobra por la dirección del pleito.

En los dos casos anteriores, según el servicio que ofrecen en La Tienda Legal, se cobraría la visita y además el contrato o la demanda (lean las condiciones generales de la web, donde además se reservan el derecho a facturarles conforme a los honorarios que marca el Colegio de Abogados si la cosa no convence), con lo cuál no es más económico ni tampoco necesariamente más transparente. Saber el precio del tiempo aporta algo de información, pero no toda. Si quieren saber lo que les va a costar un servicio, pregunten o pidan un presupuesto.

Por otro lado, el cobro por tiempo tampoco me parece una buena estrategia. A alguien que tiene un problema, a veces personal, lo que menos le apetece es que le pongan un taxímetro al lado. Puede que necesite hablar y que le escuchen, soltar el rollo, así que no me lo agobien.

Como detalle interesante, la web tiene un apartado on line desde el que se pueden hacer consultas. La página está firmada y cifrada con SSL, así que no hay queja. Pero, desde otro sitio también se puede consultar los expedientes. Y ésta, que viene sólo en catalán y en un inglés un tanto libre (lo que limita la clientela), ni está firmada ni cifrada. Teniendo en cuenta que el abogado debe guardar secreto profesional de la información relativa al cliente, y que según la normativa sobre Protección de Datos muchos de éstos (casi diría que la mayoría) serían de nivel alto, poner un acceso con usuario y contraseña no da precisamente muchas garantías. Y ya cotilleando un poco más, consultando el Registro de la Agencia de Protección de Datos, vemos que sólo tienen un fichero, mismo saco en el que se incluyen clientes, proveedores y personal contratado, todo ello para «dar cumplimiento a las obligaciones fiscales, laborales y contables. y para facilitar el objeto social de la compañia», lo que tampoco creo que facilite el cumplimiento de los deberes anteriores.

En fin, volviendo a la idea, creo que no todo lo que viene de fuera tiene por qué adaptarse bien aquí, y a mí esto no me convence, pero al final quien manda es el cliente, así que ya veremos.

ACTUALIZACIÓN (23-05-2006): A propósito de servicios legales económicos, me mandan esto. No digo que sea así siempre, pero esto explicaría muchas cosas. Esto sí que es precariedad.

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