El 8 de agosto de 2025 entra en vigor una de las partes más controvertidas del nuevo Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios: las obligaciones de transparencia del artículo 6. Los medios de comunicación españoles deberán publicar por primera vez los nombres de sus propietarios con capacidad de influencia, incluyendo participaciones indirectas y estatales, así como el importe total de ingresos procedentes de publicidad institucional. Una normativa que promete cambiar las reglas del juego en el sector mediático, pero que plantea importantes dudas sobre su aplicación práctica: ¿qué porcentaje de participación obliga a revelar la identidad? ¿Cómo se cuantifica exactamente la publicidad estatal? Analizamos los aspectos clave de una regulación que busca reforzar la independencia editorial pero que genera incertidumbre en su implementación.