La noticia del día es la publicación de la Ley que incorpora al ordenamiento español la Directiva 2006/24/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo, sobre la conservación de datos generados o tratados en relación con la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas de acceso público o de redes públicas de comunicaciones, y por la que se modifica la Directiva 2002/58/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de julio.

También se trasladan, por tanto, algunos puntos oscuros e imprecisiones de la propia Directiva, aunque se resuelven otros, como el procedimiento para las cesiones y quién soportará los costes de las medidas (las operadoras).

Sobre los datos en concreto que deben conservarse, les remito al artículo 3 de la Ley, que copia literalmente la Directiva, y lo amplía a los servicios suplementarios (incluido el reenvío o transferencia de llamadas) y servicios de mensajería o multimedia empleados (incluidos los servicios de mensajes cortos, servicios multimedia avanzados y servicios multimedia).

El período de conservación es de doce meses, pero se permite que por reglamento para determinados datos se extienda hasta los dos años o se reduzca a seis meses, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 16.3 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, impreciso y nefasto ya que obliga a conjeturar qué suerte de responsabilidad puede nacer del tratamiento y su correspondiente plazo de prescripción.

Como garantía para las cesiones (Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera, cuando desempeñen funciones de policía judicial, y al Centro Nacional de Inteligencia en el curso de las investigaciones de seguridad sobre personas o entidades) se exige autorización judicial previa, siendo que afecta al secreto de las comunicaciones, que deberá justificar la medida de acuerdo con los principios de necesidad y proporcionalidad y concretar los datos que habrán de cederse. Si la resolución no establece un plazo concreto para hacerla efectiva deberá realizarse dentro de las setenta y dos horas contadas a partir de las 8:00 horas del día laborable siguiente a aquél en que el sujeto obligado reciba la orden.

Como excepción al régimen general de la LOPD, se establece expresamente que el responsable del tratamiento de los datos no comunicará la cesión de datos efectuada de conformidad con esta Ley, pudiendo denegar la cancelación de los datos que soliciten los usuarios basándose en estas previsiones.

Para los servicios de telefonía prepago será obligatorio llevar un libro-registro en el que conste la identidad de los clientes que adquieran las correspondientes tarjetas, en el que se hará constar el nombre, apellidos y la nacionalidad del comprador, así como el número correspondiente al documento identificativo utilizado y la naturaleza o denominación de dicho documento (DNI, NIE, Pasaporte). En el supuesto de personas jurídicas, la identificación se realizará aportando la tarjeta de identificación fiscal, y se hará constar en el libro-registro la denominación social y el código de identificación fiscal, lo cual resulta curioso cuando las personas jurídicas no pueden cometer delitos, en principio lo que tratan de perseguir tanto la Directiva como esta ley.

Me llama la atención que se modifica el artículo 33 de la Ley General de Telecomunicaciones para ampliar el secreto de las comunicaciones, indicando que los operadores están obligados a realizar las interceptaciones que se autoricen de acuerdo con lo establecido en el artículo 579 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en la Ley Orgánica 2/2002, de 6 de mayo, Reguladora del Control Judicial Previo del Centro Nacional de Inteligencia y en otras normas con rango de Ley Orgánica, cuando precisamente esta ley no tiene ese rango. Tampoco se pierdan la relación de datos que pueden llegar a interceptarse según esa modificación, que excede tanto de lo previsto en la Directiva como de lo previsto en el artículo 3 de la Ley, claro que en realidad estamos hablando de supuestos distintos.

Para las operadoras, sepan que tienen un plazo de seis meses para adaptarse (salvo para los servicios prepago).

Traten de ser optimistas. También se puede ver la ley como un límite de la información sobre las comunicaciones que pueden monitorizar y guardar las operadoras, quedando salvaguardada para todo aquello que no sea la persecución de un delito, lo que es un jarro de agua fría para los titulares de derechos de propiedad intelectual que se vulneran en la red.