Pensaba que el viaje a Australia iba a ser el último de este tipo, pero no. Hay dos bajas destacables, miembros del núcleo duro. Su ausencia obedece a motivos tan vergonzosos que, a pesar de los rodeos que ellos dan, se simplifican en que su novia no les deja. Muy triste, menos mal que otros seguimos adelante.

Asia va a tener que esperar, un año más, pero no nos quejamos, iremos a Buenos Aires, Iguazú y El Calafate, lo que está más que bien.

Disfruten sus vacaciones.

ACTUALIZACIÓN (26/08/2008): Ya de vuelta y reincorporado al trabajo. Probablemente sea el viaje más bonito de todos hasta la fecha, ya que los glaciares de Patagonia son impresionantes. De Buenos Aires me gustaron los barrios de San Telmo y Palermo, por la oferta de restaurantes y locales. El Caminito, conocido por sus casas de colores, está bien pero demasiado orientado a turistas. Recomendable para comer El Desnivel (Defensa 855) y para vida nocturna Kika (Honduras 5339) y Museum (Peru 535), ambos boliches y sólo boliches. Destaco también Mitos Argentinos, local con música en vivo, porque tomamos el peor gintonic de nuestras vidas. Sobre Iguazú parece existir una discusión sobre qué lado es mejor, pero no lo duden, el argentino supera al brasileño. Ninguna queja, la gente es agradable y divertida y nos trataron muy bien. Su actitud frente a la situación económica y política del país (pasada y presente) es crítica, por supuesto con mucho humor, manteniendo cierto grado de chovinismo. Fíjense que jugaron por esas fechas el FC Barcelona y Boca Juniors un partido en el trofeo Gamper, con resultado 2-1, que en algunos medios argentinos se presentó como victoria del Boca, señalando que bueno, aunque el Barcelona marcó dos goles en el descuento. Quizá sea sólo el fútbol, que se vive con muchísima más intensidad.

La propuesta de Directiva también incluye una armonización de la duración de los derechos de explotación para obras en coautoría, situando la expiración de éstos a los 70 años del fallecimiento del último de los supervivientes. En España ya es así, pero en otros Estados Miembros el plazo se computa respecto de cada coautor y su contribución, lo plantea incomodidades en la liquidación de derechos.

Actualmente, el plazo de protección de los derechos de intérpretes y ejecutantes es de 50 años, y el objetivo de la propuesta es que sea de 95. La extensión de la duración de los derechos de propiedad intelectual ha sido una constante a lo largo del tiempo, especialmente en EE.UU., por última vez tras la célebre Ley Sonny Bono de 1998, finalmente ratificada por su Tribunal Supremo. En España, desde la Ley de 1879, la Ley 22/1987, a la reforma por la Ley 27/1995, que mantiene el vigente texto refundido de 1996, también se han ido dilatando.

La justificación de la nueva extensión, según la Comisión, está en asegurar una jubilación digna a los cantantes y grupos de música, que si empezaron su carrera a los veinte años, a los setenta parece ser que se quedarán sin sustento, y se trataría de acercar su situación a la de los autores, que gozan de sus derechos de explotación durante toda su vida y setenta años más. La propuesta ya aclara que no se está hablando de artistas y grupos famosos, que no tienen ningún problema, sino de los menos conocidos, que por otro lado reconoce que no viven de la música. Según el estudio de impacto (pdf) de esta medida, el promedio que recibirá de más cada intérprete será de entre 150-2000 euros al año y por canción.

Con todo ello se considera se favorecerá la creación de nuevos contenidos, al actuar como incentivo, y la circulación de los existentes, que se recuperarán, sin que produzca un impacto negativo en el consumidor, ya que según un estudio de PriceWaterhouseCoopers (hecho no obstante sólo sobre albums en soporte físico), en realidad no hay diferencias significativas entre el precio de la música con derechos de la que no los tiene.

Por contra, el prestigioso Informe Gowers rechaza la medida, pues los beneficios que en principio generan en realidad no compensan las pérdidas por no poder acceder a los contenidos en condiciones más ventajosas, a la vez que surgen costes adicionales de transacción y otros. Haciendo un balance en términos de rentabilidad, el resultado es negativo.

Dichos argumentos son rechazados por la Comisión, que señala que el análisis de Gowers es parcial, sólo tiene en cuenta las variables económicas, olvidando además los ingresos que se generan por radiodifusión y copia privada, y no contempla adecuadamente la situación concreta de los intérpretes, desigual respecto a los compositores ya que el plazo de duración de sus derechos no cubre su esperanza de vida.

En realidad, de la lectura de la propuesta se extrae que el objetivo, más que proteger a este colectivo, es salvaguardar una industria. Nuevamente se mencionan la caída de ventas de soportes físicos, los márgenes de las discográficas y los efectos de las redes P2P, entre ellos la pérdida de puestos de trabajo. Si tenemos en cuenta que la extensión de los derechos ya se ha hecho antes y no se ha evitado esta situación, no parece que sea este el camino correcto.

Como contrapeso, entre las medidas de ajuste de los contratos actuales con las discográficas, se prevé una cláusula que permite la reversión y extinción de los derechos del fonograma en caso de no explotarse en dicho periodo de prórroga.

Las cesiones, aunque no estaban permitidas, hasta la fecha se solían llevar a cabo en formato de unión temporal de empresas: el titular de la licencia aportaba ésta y la otra empresa explotaba la red. A partir de ahí, la apariencia de UTE se desvanecía desde el momento en que la participación de ambas en los resultados, riesgos y dirección era muy desigual. No doy por sentado que en todos los casos fuera así, pero ha ocurrido. Quizá la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones se haya cansado de formas de cesión encubiertas y así, ya que reconoce algo que de hecho ya se venía produciendo, al menos mantiene cierto control, obligando a solicitar una autorización administrativa previa y a cumplir una serie de requisitos que garanticen la calidad del servicio.

Sin duda, aunque este giro llega tarde en un intento por dar un nuevo impulso a este mercado, es un avance destacable. La transmisión supone que el nuevo titular se subroga en las obligaciones que tenía el anterior respecto al título (en el pliego de bases y compromisos de adjudicación), lo que lógicamente no sucede con la cesión, donde se mantienen las responsabilidades del cedente con la Administración, sin perjuicio de que el cesionario asume la responsabilidad en el uso del dominio público radioeléctrico, incluyendo los aspectos técnicos como las características de la emisión, la compatibilidad entre los servicios o la resolución de interferencias.

En ambos casos, el procedimiento para la autorización de la transmisión o la cesión es similar, con un plazo de tres meses para su resolución, que en caso de silencio es desestimatoria, y podrá ser total o parcial. Esto es lo dará más posibilidades, ya que los títulos pueden transmitirse o cederse para ámbitos geográficos concretos o bien para una parte de las frecuencias concedidas.

El próximo 18 de junio, Creative Commons ha organizado un encuentro tecnológico en Silicon Valley (San Francisco), nada menos que en la sede de Google. El objetivo es reunir a los representantes de distintos proyectos e iniciativas relacionadas con la protección y difusión de contenidos digitales dentro de lo que vienen a llamar Copyright 2.0.

De entre todas las cuestiones que se tratarán, situación actual, retos, oportunidades y perspectivas, se hablará de ccREL (Creative Commons Rights Expression Language), el estándar que propone Creative Commons para la inclusión de metadatos relativos a sus licencias y obras afectadas, no sólo en páginas web sino también en archivos en formato digital o de texto, de modo que se facilite su indexado y comprensión automatizada por aplicaciones y servicios informáticos.

Asistiré en representación de Safe Creative, junto con el líder del proyecto, Juan Palacio, y el coordinador de la comunidad, Mario Pena, presentando las utilidades, ventajas y aspectos técnicos que proporcionan seguridad jurídica a este registro de obras digitales.

Si los acuerdos de confidencialidad me lo permiten, contaré más cosas a la vuelta.

ACTUALIZACIÓN (07-07-2008): Me quedé toda la semana en San Francisco, lo que me ha desfasado el trabajo. No voy a recomendar nada que una guía no les ofrezca, salvo cenar aquí y no comer cosas en el barrio chino cuyo origen no sea reconocible. No es que fuera malo, pero no me sentaba nada bien. A parte de eso, es una ciudad que me gustó mucho.

Sobre la reunión en Google, en el blog de Safe Creative tienen, de momento, un par de entradas, Tras el Creative Commons Technology Summit y Creative Commons Technical Summit en Google parte primera que resumen muy bien las intervenciones. Esa noche fuimos invitados a cenar a la escuela de Derecho de Stanford, donde hubo un homenaje a Lawrence Lessig (con parodia incluida), y hubo esos día unas cuantas reuniones provechosas, todas ellas sobre una base de colaboración y entendimiento muy buena.

Lo que plantea el caso es si para la obtención de una dirección IP directamente de eMule se exige autorización judicial, cuando este dato lo hace público el usuario por el mero uso del programa. No obstante, hay algo más, no sólo se trata de la dirección IP, sino también de su vinculación con un identificador de fichero (hash) como fuente del mismo. En este asunto se trataba de imputar un delito de facilitación de difusión de pornografía infantil, pues la acusada compartió material de este tipo mientras se lo descargaba en su equipo. Aún cuando se eliminen dichos ficheros, el identificador del usuario de eMule y la IP de su equipo quedan asociados a los mismos, al menos durante un tiempo en el servidor. Se le puede seguir la pista, lo que no significa necesariamente que exista un acceso o intromisión en el ordenador de dicha persona para recabar esta información.

Por un lado, podría discutirse la validez en juicio de la información que proporciona el servidor de eMule en cuanto a las fuentes de los ficheros y sus direcciones IP (cuestión que también pregunta David Maeztu), así como si, al identificar la IP a un equipo informático, realmente el titular de la conexión a Internet es el responsable de los actos que se hagan con el mismo. El primer punto me parece más interesante, pero lo último no se suele discutir, aceptándose que el uso del equipo se realiza bajo la responsabilidad de dicha persona.

El Tribunal Supremo cita la doctrina del caso Malone del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 1984, reconocida también por el Tribunal Constitucional en una sentencia de 20 de mayo de 2002, según la cual los números de abonado en las comunicaciones telefónicas también están protegidos por el secreto de las comunicaciones. Aún cuando no se entrara en el contenido de las comunicaciones, la obtención de la información relativa a la existencia y momento de la comunicación telefónica requeriría autorización judicial. Se argumenta conforme a dicha doctrina en el sentido de que en realidad haría falta, para que se considerara una injerencia ilegítima, que se llegara a averiguar la identidad de las personas en concreto, no simplemente el número de teléfono. La actuación policial en este supuesto no es, por tanto, contraria a lo anterior, ya que en el momento en que se quiso averiguar la identidad de los titulares de la conexión a Intenet sí se solicitó autorización judicial.

La exclusión de la dirección IP del secreto de las comunicaciones quedaba clara con el artículo 12 de la LSSI en su redacción anterior a la vigente y, posteriormente, por la Ley 25/2007, de 18 de octubre, de conservación de datos relativos a las comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de comunicaciones (ésta no aplicable al momento de los hechos), así que entiendo que la sentencia es conforme con el marco legal en este punto. La autorización a la que se refiere la Ley 25/2007 habría que exigirla cuando los datos estén en poder de los prestadores de servicios de la sociedad de la información, y parece absurdo solicitarla cuando el usuario los hace accesibles y no se requiere ninguna injerencia para su obtención.

Se señala en su Fundamento Segundo:

Visto el panorama jurisprudencial y legislativo y trasponiéndolo al caso que nos ocupa se puede concluir lo siguiente: […]

b) entender que conforme a la legalidad antes citada (unas normas vigentes en el momento de los hechos y otras posteriores) se hacía preciso acudir a la autorización del juez instructor para desvelar la identidad de la terminal, teléfono o titular del contrato de un determinado IP, en salvaguarda del derecho a la intimidad personal (habeas data). La policía judicial a través de un oficio de 6 de noviembre de 2005, completado por un informe de 24 de octubre del mismo año del Grupo de delitos telemáticos de la Guardia Civil interesa la preceptiva autorización que obtuvo con el libramiento de mandamiento judicial dirigido a los operadores de Internet para identificar ciertas direcciones IP del ordenador al objeto de proseguir la investigación.

Consecuentemente quien utiliza un programa P2P, en nuestro caso EMULE, asume que muchos de los datos se convierten en públicos para los usuarios de Internet, circunstancia que conocen o deben conocer los internautas, y tales datos conocidos por la policía, datos públicos en internet, no se hallaban protegidos por el art. 18-1º ni por el 18-3º C.E.

En cualquier caso, la postura oficial de la Agencia y el Supervisor Europeo de Protección de Datos es considerar que las direcciones IP son un dato personal, quedando protegidas por dicha regulación. Voy a pensar que la sentencia tiene incoherencias y que realmente también lo cree.

Lo que no puedo compartir es que el hecho de que el usuario haga público ese dato permita o justifique su captación y cualquier uso posterior, lo que parece deducirse del texto, por las peligrosas consecuencias que podría tener. De todos modos, como bien señala Sergio Carrasco, deben aplicarse a este caso las previsiones del artículo 22 de la LOPD para la recogida y tratamiento de datos para fines policiales por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que evitan solicitar el consentimiento de los afectados.

En conclusión, comparto la fundamentación de la sentencia en su mayor parte, con la advertencia de que la justificación del procedimiento seguido no puede extrapolarse a otros supuestos en los que se trate de investigar la comisión de otros ilícitos a partir de una dirección IP.

ACTUALIZACIÓN (11-06-2008): La sentencia del Supremo ya está disponible para todos los públicos en la web del CGPJ.

Los choques y, especialmente, la situación de las cadenas de televisión, que no tenían claro a quién debían pagar, los llevaron al Tribunal de Defensa de la Competencia, llegando en 2003 a un acuerdo por el que, en aras de favorecer la competencia entre ambas y la transparencia en el mercado, crearían una base de datos conjunta de obras, con los porcentajes de participación de los socios y la entidad de gestión a la que pertenece cada uno. Según DAMA, SGAE acaparaba la recaudación de la industria audiovisual incluso de derechos de autores que no le correspondían a ella.

A fecha de hoy, dicha base de datos no se ha creado. La Agencia Española de Protección de Datos ha publicado recientemente el Informe 0243/2008 de su Gabinete Jurídico (pdf), en el que se resuelve la consulta planteada por SGAE acerca de cómo llevarla a cabo, permitiendo a los usuarios el acceso a la misma por medio de Internet.

La puesta en funcionamiento de la base de datos implica una serie de cesiones de datos personales relativos a los autores, primero entre las entidades y posteriormente a los usuarios que la consulten. La regla general es que toda cesión requiere un consentimiento del afectado, si bien hay excepciones, definidas en el artículo 11.2 de la LOPD y en el 10.2 del Reglamento de Protección de Datos. El Reglamento viene a matizar la autorización por ley, que pasa a ser un amparo legal. Esto es, aunque la ley no prevea la cesión de datos ni faculte expresamente a ello, si se deduce necesario o simplemente conforme para cumplir con sus previsiones, se permite sin autorización. Creo que abre una via peligrosa y que desde luego va mucho más allá de lo que establece la ley, pues en realidad cualquier tratamiento de datos debe resultar legítimo, ya sea por ley o por acuerdo entre las partes, lo que nos puede llevar a que los casos en que se exija el consentimiento sean los menos.

No obstante, debe tenerse en cuenta que esto no evita que se informe de ello ni se justifique, no sólo frente a los afectados sino ante la Agencia de Protección de Datos.

Partiendo de lo anterior, la Agencia entiende que no es necesario el consentimiento de los afectados, porque tanto la creación de dicha base de datos como su puesta a disposición a los usuarios se realiza en cumplimiento de un acuerdo de terminación convencional adoptado por las partes ante el TDC, y que éstos son vinculantes según la Ley de Defensa de la Compentencia (tanto con la Ley 16/1989, de 17 de julio, aplicable entonces, así como con la nueva Ley 15/2007, de 3 de julio).

En realidad, todo el problema se resuelve con los párrafos del final del informe:

De este modo, sería posible la publicación de los datos referidos a los autores de las obras audiovisuales a las que se refiere la base de datos cuando dicha publicación sea necesaria para el cumplimiento de la finalidad perseguida por el Acuerdo, cual es, como ya se ha indicado “que los usuarios de las obras audiovisuales puedan saber cuál es el repertorio por el que pagan”.

Por tanto, si la indicación de los datos personales del autor fuera necesaria para dicha finalidad cabrá la inclusión de tales datos en la base de datos accesible por los usuario. Si dicha finalidad puede lograrse mediante la mera constancia del título de la obra, procedería únicamente la publicación de tales datos.

Deberíamos haber empezado por ahí. En mi opinión, entiendo que no hace falta publicar la relación de autores, pues a los usuarios que consulten la base de datos únicamente les interesa saber a quién deben pagar para el uso de determinada obra. No creo que del acuerdo haya que deducir la obligatoriedad de hacer públicos a los afectados ningún dato personal, sobre lo que sí debería haber entrado la Agencia. Debemos tener en cuenta que los usuarios pagan por el uso de obras, no de personas, y que la situación que pretende resolver la base de datos es sobre repertorios y sociedades de gestión. Es cierto que detrás de toda obra hay personas, pero aún considerando que efectivamente el usuario pueda tener derecho a conocer quienes en última instancia son los beneficiarios de los importes que pagan, no entiendo que esto se fundamente en la Ley de Defensa de la Competencia.

Esta norma sólo atribuye el número, dentro de las competencias exclusivas del Estado en materia de Telecomunicaciones, correspondiendo a cada Comunidad Autónoma la puesta a disposición del servicio (art. 11.1.b) de la Ley 39/2006), opcionalmente. Los servicios de teleasistencia domiciliaria no son nada nuevo, aunque esta Resolución se refiere sólo a determinados servicios previstos en la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, con la facilidad de un número único y sencillo de recordar.

El número no sólo será operativo a través de telefonía fija sino también móvil, y será gratuito para el usuario, estableciéndose como cobro revertido automático. En función del origen de la llamada, las operadoras deberán reconducirla al centro de atención que corresponda por domicilio.

Como comentó Andy Ramos el pasado mes de enero, España fue condenada por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas por no haber transpuesto la Directiva 2001/84/CE que lo regula, por lo que esta modificación viene por mandato europeo.

La nueva regulación añadirá los objetos de artes gráficas y cerámicas, objetos de cristal, fotografías (entiéndase los positivos) y piezas de video arte, en la medida en que sean únicas (carácter que siempre han tenido las obras sobre las que recae este derecho), exigiéndose que los ejemplares hayan sido realizados por el propio autor o bajo su autoridad, considerándose en realidad obras originales. En cualquier caso, lo mismo sucede con las litografías o grabados en serie, que en la medida en que sean autorizados y vayan firmados o numerados, mantienen una singularidad propia.

Pese a lo anterior, debemos pensar que se siguen excluyendo las artes aplicadas (como establece expresamente la vigente redacción de la norma), debiendo realizarse un juicio de valor acerca de si, ante una cerámica, objeto de cristal o fotografía, ésta tiene un grado de originalidad y creatividad suficiente para ser obra de arte, o bien son artes aplicadas, en cuyo caso quedarían fuera por su carácter funcional y producción industrial, debiendo protegerse no conforme a la propiedad intelectual sino como diseño industrial.

La propuesta de reforma es más precisa en el sentido en que delimita mejor que se aplicará sólo a las transacciones en las que intervenga un intermediario que se dedique profesionalmente al mercado del arte, incluso cuando operen por medio de Internet, estableciéndose una gestión obligatoria por medio de entidades de gestión, con lo cual los artistas se deberán adscribir a ellas. Esto es algo que introduce el legislador español ya que la Directiva deja abierta otras opciones, y conforme al Real Decreto 1434/1992, de 27 de noviembre, que lo regula y será derogado, es sólo una posibilidad. El problema que se plantea con Internet es que, siendo los intermediarios quienes deben notificar las reventas que se hayan realizado, aunque la obligación de pago recae sobre el vendedor, la posibilidad de descontrol es mayor, por lo que deberían articularse mecanismos de cooperación internacional que funcionen correctamente para garantizar la recaudación, al margen de la persecución de los fraudes. Las entidades de gestión les podrán exigir información relativa a estas transacciones durante el plazo de tres años, y se determina una responsabilidad solidaria cuando actúen por cuenta o encargo del vendedor.

La protección de la ley española se extiende, no sólo a los autores nacionales y europeos, sino también a los nacionales de terceros estados con residencia habitual en España (art. 163 de la LPI).

Por último, y por lo que se refiere a la cuantía, antes del 3% con un mínimo exento que se mantiene, ahora es un porcentaje sobre una escala que va desde el 4% hasta los primeros 50.000 euros, reduciéndose por tramos hasta el 0,25%, con un tope máximo de 12.500 euros. Quedan exentas además las transmisiones en las que entre la adquisición y reventa no hayan pasado los tres años y la cuantía sea inferior a 10.000 euros. Las cuantías son precios brutos de la reventa, sin impuestos ni otros gastos.

El próximo lunes 19 entra en vigor el Reglamento (CE) nº 380/2008 del Consejo, de 18 de abril de 2008 (pdf), que modifica el Reglamento (CE) nº 1030/2002, por el que se establece un modelo uniforme de permiso de residencia para nacionales de terceros países, que como novedad pasa a incluir datos biométricos, tal como venía pidiendo la Comisión Europea desde septiembre de 2003 como medida de protección de los visados contra una utilización fraudulenta.

En principio serán una imagen facial y dos impresiones dactilares, en formato interoperable y de alta resolución, elementos que se utilizarán para verificar la autenticidad del documento y la identidad del titular. Los datos estarán protegidos y el soporte de almacenamiento tendrá la suficiente capacidad y las características necesarias para garantizar la integridad, autenticidad y confidencialidad de los datos. No obstante, no se publican y se mantienen secretas las especificaciones técnicas relativas a la seguridad, incluida la prevención del acceso no autorizado o los requisitos de calidad de dichos datos.

Siempre que se salvaguarden las cuestiones relativas a protección de datos en cuanto al acceso, reproducción, transmisión y gestión de estos datos a través de bases de datos, no debería haber ningún problema, pero no tranquiliza que ya el Reglamento contemple la posibilidad de que los Estados miembros puedan incluir en el permiso datos para servicios electrónicos, como la administración electrónica y el comercio electrónico, así como otras disposiciones relativas al permiso de residencia, aunque de forma separada de los datos biométricos, cuando además no existe uniformidad entre los Estados de la UE.

Supone un primer paso, pues su incorporación a los pasaportes y documentos de viaje, algo que venía exigiendo EE.UU., es inminente una vez se han aprobado las especificaciones técnicas. El Supervisor Europeo de Protección de Datos ya ha protestado (pdf) por no habérsele consultado, como era preceptivo, y porque no se tiene en cuenta la falta de armonización en cuanto a otros documentos de entrada (certificados de nacimiento, libro de familia, autorización paterna para viajar,…), también falsificables. Tampoco se contemplan adecuadamente los posibles errores inherentes a los sistemas biométricos, especialmente para niños y personas mayores. Tanto para permisos de residencia como para pasaportes, se fija la edad mínima de 6 años, a partir de la cual se deberán tomar las huellas dactilares, a pesar de que la práctica en otros ámbitos y Estados la sitúa en los 14 años y que no existen estudios suficientes que garanticen su fiabilidad a esa edad. Lo mismo puede decirse en cuanto a las huellas de personas mayores, debiendo haberse previsto un límite máximo (se señala la edad de 79 años, en la línea de EE.UU.).

También entró en vigor en la misma fecha la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, que incorpora al ordenamiento español diversas Directivas comunitarias y pretende introducir mejoras en el sistema de contratación pública, derogando casi en su totalidad el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

Como se comenta en la propia exposición de motivos, la nueva Ley de Contratación Pública ha reforzado considerablemente el uso de las tecnologías de la información. En este sentido, destaca lo siguiente:

• Información sobre el perfil de contratante (art. 42)

  Supone la obligación, por parte de los órganos de contratación de las Administraciones Públicas, de publicar en Internet determinada información relativa a su actividad contractual, básicamente a través de sus sedes electrónicas, en la Plataforma de Contratación del Estado u otra similar. El contenido mínimo de esta información deberá incluir la adjudicación provisional de los contratos, pero también se podrán añadir los anuncios de información previa, las licitaciones abiertas o en curso y la documentación relativa a las mismas (pliegos de condiciones), las contrataciones programadas, los procedimientos anulados, y cualquier otra información útil de tipo general, como puntos de contacto y medios de comunicación.

  La norma sólo hace referencia a dispositivos que permitan acreditar de forma fehaciente el inicio de la difusión pública de dicha información, sin que se prevean mayores garantías, aun cuando la ausencia, problemas de actualización, disponibilidad, accesibilidad o errores en la información difundida por esta vía posibilita la impugnación de la adjudicación de los contratos.

• Subasta electrónica (art. 132)

  Se prevé este sistema de adjudicación de los contratos en los casos en que sea sencilla la clasificación y valoración de las ofertas y sus elementos, excluyéndose expresamente para prestaciones de carácter intelectual. En caso de que se quiera hacer uso de la subasta electrónica, se deberá incluir en el anuncio de licitación y determinar en el pliego los elementos sobre los que se realizará, el procedimiento o el dispositivo electrónico utilizado y las modalidades y especificaciones técnicas de conexión.

• Sistemas dinámicos de contratación (arts. 183 y ss)

  En los pliegos deberá precisarse, además de los demás extremos que resulten pertinentes, la naturaleza de los contratos que podrán celebrarse mediante el sistema (obras, servicios y suministros de uso corriente), y toda la información necesaria para incorporarse al mismo y, en particular, la relativa al equipo electrónico utilizado y a los arreglos y especificaciones técnicas de conexión.

• Publicidad contractual por medios electrónicos (art. 309)

  Se crea la Plataforma de Contratación del Estado para centralizar el acceso, gestión y publicidad relativa a la contratación de la Administración General del Estado, sus organismos autónomos, entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social y demás entidades públicas estatales, si bien ya se prevé la interconexión del portal con sus equivalentes que pongan en marcha las Comunidades Autónomas.

  Esta plataforma comenzó a funcionar el pasado 2 de mayo a través de la dirección http://www.contrataciondelestado.es, aprobándose sus instrucciones por medio de la Orden EHA/1220/2008, de 30 de abril, que viene a dar las pautas para implementar la información sobre el perfil de contratante, el contenido, campos y formatos dentro de los estándares de documentos de la arquitectura CODICE. Se regula el uso de certificados digitales para la autenticación y el cifrado de las comunicaciones, un Espacio Virtual de Licitación, modelos y esquemas, pero la web actual no tiene siquiera un certificado de servidor.

• Uso de medios electrónicos, informáticos y telemáticos (DA 19ª) y su correspondiente habilitación normativa (DF 9ª)

  Se contemplan, entre otros, la emisión de certificaciones digitales del contenido de los Registros Oficiales de Licitadores y Empresas Clasificadas, la aportación de certificados de cumplimiento de obligaciones tributarias o de la Seguridad Social, la acreditación de la prestación de garantías, la comunicación del anuncio de información previa a la Comisión Europea y al Boletín Oficial del Estado, el acceso y comunicaciones de los datos de los contratos al Registro de Contratos del Sector Público, todo ello por medios electrónicos.

  El uso de estas herramientas se permite siempre que sean compatibles con las tecnologías de la información y de la comunicación de uso general, estén a disposición de todas las partes interesadas, no ser discriminatorios, estén basados en estándares abiertos y se garantice la autenticidad del emisor, la integridad y la confidencialidad de los datos.

  En la habilitación normativa se prevé la extensión del uso de facturas electrónicas en la contratación del Estado, que en todo caso será obligatoria, salvo para contratos menores, transcurridos dieciocho meses desde la entrada en vigor de dichas normas en todos los contratos del sector público estatal.

Por último, como nota curiosa, se establece que en los contratos para el acceso a bases de datos y la suscripción a publicaciones que se celebren por medios electrónicos, informáticos o telemáticos (DA 12ª), los organismos del sector público contratantes tendrán la consideración de consumidores a los efectos de la legislación de servicios de la sociedad de la información y comercio electrónico. Debería haberse concretado a qué se está refiriendo, porque por esta vía se introducen privilegios a la Administración simplemente por el canal por el que contrata. No entiendo por qué estas garantías no se han introducido, en su caso, en la propia ley en vez de hacer una equiparación peligrosa e inédita.