Muchos esperábamos, desde hace días, el Plan Integral del Gobierno para la disminución y la eliminación de las actividades vulneradoras de la propiedad intelectual (Plan Antipiratería para sus progenitores). Me llega por cortesía de Fernando Acero, de Hispalinux. Lo he leído de buena fe, aún a sabiendas de quién está detrás de él.

La impresión general que he sacado es que, frente a algunos buenos propósitos iniciales (la necesaria adaptación de la propiedad intelectual a las nuevas formas o tecnologías de reproducción y comunicación, por ejemplo), enseguida se revela la principal debilidad de dicho Plan: asume, de partida, concepciones que teóricamente pretende demostrar a posteriori. Así, aunque cuente -no para todo- con el Consejo de Consumidores y Usuarios, poco se va a consensuar.

Entre los axiomas, se parte de la base de que la "piratería" (palabra que se repite ad nauseam) es el gran mal que azota a la propiedad intelectual y que trasciende, no sólo a la cultura, sociedad, economía o empleo, sino también a la Hacienda Pública e incluso al turismo. A pesar de que se reconozcan, en cierta medida, algunos de los motivos que llevan a la infracción de estos derechos ("el precio, el desconocimiento o rechazo de las normas de propiedad intelectual…, son razones que en múltiples foros se dan, si no para justificar estos comportamientos, sí, al menos, para tratar de explicarlos"), la única razón en averiguarlos es para poder utilizarlos en la reeducación y reinserción de los infractores en la sociedad. No se analiza por qué se ha llegado a esta situación. La industria y los autores son siempre las víctimas.

Se define como "piratería" tanto la venta callejera de obras como la transmisión de éstas por medio de Internet, según los dictados de la SGAE. No se plantea la posibilidad, aunque sea para desecharla con argumentos jurídicos, de que estas últimas actividades podrían no ser delito (ni incluso ilícito civil).

Se busca determinar el perfil del consumidor de estos productos ilegales, pero ya lo adelanta: los jóvenes, música, los adultos, productos audiovisuales, y el pequeño y mediano empresario, programas de ordenador. Entre otras mentiras, las supuestas garantías que para el consumidor tienen las obras adquiridas legalmente. Se olvida que en la mayoría de DVDs y en algunos CDs se elimina la posibilidad de realizar una copia privada o incluso que algunos no se leen en todos los reproductores (con infracción de marca al incumplir el estándar de Phillips así como de los derechos de los consumidores).

Entre las medidas previstas, se adelanta que la normativa actual es suficiente (aunque se colmarán lagunas), se preve la creación de juzgados especializados (el problema se coloca al nivel de la violencia doméstica) y una importante labor de formación de jueces, fiscales y miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y de las Comunidades Autónomas. El adoctrinamiento correrá a cargo de la Administración y del sector privado (gestoras de derechos, BSA, FAP, Mesa Antipiratería e industria de las tecnologías de la información y la comunicación). Controlar el suministro de información que llega a los "agentes públicos encargados de velar por el fiel cumplimiento de la Ley en estas materias" es crucial, así que los representantes de los consumidores y usuarios quedan fuera.

La propiedad intelectual no sólo debe proteger a los creadores, como se afirma en el Plan, sino que además debe permitir la difusión más amplia posible de las obras, ideas y los conocimientos nuevos, según establece la Directiva 2004/48/CE, de 29 de abril de 2004.