Cierto David, no cabe hablar de citas aquí.

Las sentencias son de uso público ya para el ciudadano, así que se cumple con ese requerimiento de difusión de los criterios y doctrina de los tribunales. No obstante, entiendo que una editorial jurídica hace un uso claramente comercial, por lo que creo lógico que sufrague determinados costes porque de lo contrario lo pagamos todos los ciudadanos.

Muy interesante información, en mi opinión el problema es que la información de las sentencias debería ser pública y abierta, que se dejen de historias.

Como ciudadanos, y dado que aunque estamos en un sistema de codficador las resoluciones judiciales sirven para entender las interpretaciones de la ley por los tribunales (últimos interpretes de las mismas), el derecho a conocer las leyes y sus instrumentos de aplicación debería ser la prioridad.

Las bases de datos jurídicas aportan la indexación por preceptos legales citados, resúmenes, temáticas, etc. que hacen que su servicio sea interesante, pero para fomentar la competitividad y mejora de esos servicios el estado debería proporcionar gratuitamente a todo el mundo (editoriales incluidas) el acceso a las sentencias.

Si lo miras, Javier, es un problema de economía similar al del Software Libre, se trata de competir en el valor añadido para el cliente (información adicional) no en vender el producto (las sentencias).

Por cierto, discrepo con la referencia a la cita, porque si las sentencias no están protegidas por la LPI no será de aplicación ninguna de sus cuestiones…

Un saludo.